En la inauguración de unas jornadas sobre la reforma de la vigente Ley de Fundaciones de 1994, organizadas por el Colegio de Registradores de España, Rajoy dijo que la nueva norma que proyecta el Gobierno deberá procurar la "agilización" y "simplificación" de los trámites administrativos que deben realizar estas instituciones.

El vicepresidente expresó su deseo de que el Ejecutivo y las organizaciones representativas del movimiento fundacional consensúen una ley que intaure la "cultura de la sencillez" en las relaciones entre la Administración y estas entidades sin ánimo de lucro.

A su juicio, la nueva regulación ha de ir encaminada a potenciar las tareas de apoyo, impulso y asesoramiento del protectorado. "Una forma de hacerlo sería sustituyendo, para algunas operaciones que los entes fundacionales realizan en el tráfico jurídico, el mecanismo de la autorización por el de la comunicación", subrayó.

En el mismo acto, el presidente ejecutivo de la ConfederaciónEspañola de Fundaciones (CEF), Rafael de Lorenzo, confió en que la reforma traiga un incremento de las "dosis de generosidad fiscal" hacia las fundaciones, que se podría determinar en función de las actividades sociales que atiende cada entidad.

En su opinión, la nueva ley debe reducir los mecanismos de control por parte de la Administración y hacerlos más eficaces, para que, al tiempo que se agiliza el funcionamiento, se permite reaccionar "con contundencia" ante cualquier hipotética irregularidad cotable o fiscal.

Ignacio Camuñas, presidente del Centro de Fundaciones (CF), también defendió un mejor trato fiscal a las fundaciones y que las donaciones que reciban éstas no se vean sometidas a deducciones "cicateras".

Tanto De Lorenzo como Camuñas agradecieron el impulso que ha dado el Gobierno en los últimos meses a las negociaciones de la nueva ley, pero coincidieron en quejarse de que ha bajado el nivel de interlocución tras el último reajuste ministerial.

Por su parte, el presidente de Colegio de Registradores de España, Antonio Pau, dijo que la ley de 1994 debe corregirse para acabar con el excesivo proteccionismo de los protectorados y por los desajustes que hay en el ámbito fiscal.