Así lo ha comunicado a sus más estrechos colaboradores, según han confirmado a Servimedia altos cargos populares, dado que considera que es él quien "se la juega" ante el proceso que pretende abrir el Gobierno para buscar un final dialogado del terrorismo.

Rajoy ha mantenido en la última semana varias reuniones con los principales dirigentes del Partido Popular del País Vasco, con los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con los presidentes regionales y autonómicos del PP, así como con los habituales asistentes cada lunes a la tradicional reunión de "maitines".

En cada uno de esos encuentros ha escuchado detenidamente la opinión de los compañeros si bien, cuando han surgido diferencias entre unos y otros, ha dado "dos puñetazos encima de la mesa" para dejar claro que él adoptará individualmente aquellas decisiones que puedan generar dudas internamente o que resulten controvertidas para la opinión pública.

Rajoy ha explicado al partido su estrategia ante el alto el fuego en cada una de estas reuniones, en las que nadie ha manifestado discrepancias de fondo. Ni siquiera en la comida con los presidentes regionales hubo discrepancias con la posición del líder nacional pese a que éste invitó a los asistentes a expresarse con total libertad.

En cambio, sí han existido "matices" a la hora de definir el límite o la "línea roja" -según la nomenclatura del propio Rajoy- que nunca debe sobrepasar el partido. Dentro del núcleo duro, nadie duda de que el Gobierno tendrá que hacer alguna concesión a los terroristas para lograr que dejen definitivamente las armas.

Cuando en la reunión de maitines del pasado lunes surgió la discusión, un alto dirigente popular paró la conversación y preguntó a los presentes: "¿Creéis realmente que no se va a pagar un precio político a ETA?". No sólo no hubo dudas sino que todos coincidieron en que el proceso requerirá algún tipo de cesión, por pequeña que sea.

MATICES SOBRE EL PRECIO A PAGAR

Los principales dirigentes, excepto Jaime Mayor Oreja, están dispuestos a apoyar el Gobierno en un acercamiento de presos de ETA al País Vasco. Sólo el ex ministro del Interior, que también se opuso en privado durante la tregua de 1998, es reacio a adoptar esta medida para facilitar la desaparición de la banda.

Los matices surgen ante una posible legalización de Batasuna para permitir su presentación a las elecciones municipales de mayo de 2007. Mientras que algunos cargos populares la consideran totalmente inviable, salvo que haya una "condena expresa de la violencia"; otros admiten que llegará un momento en el que será necesaria.

En este sentido, un alto cargo del PP de total confianza de Mariano Rajoy reconoció a Servimedia que los ayuntamientos del País Vasco son una posible "salida profesional" para cientos de simpatizantes abertzales, especialmente aquellos que han vivido a la sombra de la banda armada.

El presidente del PP admitió el lunes ante el Comité Ejecutivo Nacional que había recibido "presiones" desde el anuncio de alto el fuego, si bien ni siquiera sugirió el sentido de las mismas. Sin embargo, esas mismas "presiones" ponen de manifiesto la existencia de diferentes sensibilidades dentro y fuera del partido sobre el modo de acabar con ETA.

Rajoy ha trasladado a los dirigentes populares su intención de rechazar cualquier tipo de presiones y evitar crisis internas sobre el camino a seguir porque es él quien "se la juega". A partir de las últimas encuestas, la dirección nacional sigue pensando que "puede pasar de todo" hasta las próximas elecciones generales.

Ni siquiera se descarta que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pueda adelantar los comicios previstos para 2008. Eduardo Zaplana y Jaime Mayor Oreja son los principales defensores de esta tesis dentro del partido al advertir la rentabilización que, antes de iniciar formalmente una negociación con los terroristas, podría obtener Zapatero del alto el fuego de ETA.