De momento no existe una postura unánime entre los Estados miembros respecto a las penas a aplicar a las personas u organizaciones que lograran pasar a inmigrantes. La posición más extendida es la de fijar seis años por este tipo de delito, aunque de momento no existe consenso.

Por su parte, los nórdicos apoyan la creación de una cláusula hmanitaria. Esto significaría que se podrían relajar las penas si la entrada de ilegales se produjera por una causa humanitaria.

España, Reino Unido, Italia o Francia plantean la necesidad de fijar la pena en seis años, mientras que Holanda, Finlandia o Suecia son mucho más tolerantes y solicitan penas de unos dos años.

La armonización de las penas se debería aprobar por unanimidad por lo que se estima que este problema no se resolverá hasta que la presidencia sea ostentada por Bélgica o incluso Epaña. De momento, y además de la fijación de la pena mínima, están sin resolver cuestiones como las posibles sanciones criminales que podrían terminar en extradición.