La opinión de las Naciones Unidas será decisiva para otorgar o no la licencia. Sin embargo, no se creará una "lista negra" de países, sino que se evaluarán los casos individualmente. Esta postura final ha decepcionado a Irlanda y Suecia, que pedían un mayor control.

El nuevo código de conducta establece requisitos para poder exportar a terceros países. Entre estos criterios se encuentran las normas y decisiones en materia de armamento de la ONU, la OSCE y la UE. La situacón de cada país será analizada en el momento en que se presente la posibilidad de exportación.

El código establece un sistema de consulta y de negación. Cada Estado miembro debe notificar a los otros si han rechazado contratos de venta de armas por razones de derechos humanos. Sin embargo, si otro Estado miembro decide retomar el contrato y vender las armas él mismo, debe avisar al país que no quiso exportarlas. De este modo, se produce un debate abierto sobre el caso concreto.

Algunos países conideran que este acuerdo "se queda corto" para sus propósitos. El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ramón de Miguel, manifestó que "todo lo que se pueda conseguir, está bien".

Por su parte, el ministro irlandés de Asuntos Exteriores, Andrews, se manifestó "muy descontento" con el acuerdo, en el que confesó tener "muy poca fe". Sin embargo, ni Irlanda ni Suecia vetaron el acuerdo (que necesitaba unanimidad), porque "siempre es mejor un acuerdo malo que ningún acuerdo", en palabras de Adrews. Tampoco las ONG estuvieron de acuerdo con un texto vago y poco agresivo.