La Asociación Soriana para la Defensa de la Naturaleza (Asden) reinvidicó en numerosas ocasiones la adopción de esta medida y pidió a las autoridades regionales que la Guardi Civil intervenga para desalojar a las aproximadamente 500 personas que acampan en las inmediacione del embalse.

La Junta, que tiene traspasadas todas las competencias en materia de montes, difundió el pasado 20 de julio una circular en la que declaraba "época de peligro de incendios forestales" el intervalo de tiempo comprendido entre el 15 de julio y el 20 de octubre, al tiempo que prohibía la acampada en los montes públicos, excepto en las zonas habilitadas para ello.

El jefe de la Guardería Frestal de Medio Ambiente, Ildefonso Manrique, advirtió e informó hoy a los campistas sobre la entrada en vigor de las sanciones.

Por su parte, el gobernador civil de la provincia, Pedro Luis Piñeiro, aseguró que no mandará efectivos de la Guardia Civil al pantano para que expulsen a los acampados.

Piñeiro indicó que no puede aplicar soluciones represivas cuando previamente no han desarrollado una campaña informativa en la zona.

El presidente del grupo ecologista Asden, Carlos Molina, reconocó a Servimedia que la medida podía ser impopular, aunque añadió que está dispuesto a erradicar este tipo de turismo en Soria.

"Somos conscientes", declaró, "que estas gentes que vienen a instalar sus tiendas de campaña no tienen recursos para pagar unos campings".

El presidente de Asden propuso como alternativa crear áreas de acampada controladas dotadas con unos servicios mínimos y a precios reducidos.

Por el contrario, un portavoz de los acampados criticó la actitud de los ecologistas y dela Junta de Castilla y León y manifestó que las sanciones sólo benefician los interes de la Asociación de Campamentos de Turismo (Asocat), donde están integrados algunos de los empresarios de la construcción de Soria, incluido su presidente, Francisco Rubio Galcés.