Martínez afirmó que las reclamaciones realizadas por los consumidores españoles contra las operadoras de telefonía móvil, fija e Internet "crecen de manera exponencial cada día".

La directora general informó también de que el número de sanciones impuestas por el Servicio de Inspección de Consumo se ha multiplicado por cuatro en lo que va de año respecto a 2004.

Por ello, el Gobierno autonómico, los ayuntamientos y las asociaciones de la región acordaron hoy una serie de medidas cuyo fin será proteger los derechos de los consumidores en este campo.

La Dirección General de Consumo exigirá a las teleoperadoras la puesta en marcha, antes de octubre, de un servicio especializado de atención al cliente y la elaboración de un "código de buenas prácticas". Además, cada compañía deberá fijar un interlocutor que intervenga en la relación con las distintas administraciones.

Por otro lado, tanto los ayuntamientos como las asociaciones de consumidores están de acuerdo en la posibilidad de trasladar estas propuestas al resto de comunidades autónomas para que apliquen medidas similares a las establecidas por Madrid.