Su director, Juan Carlos Para, explicó que el 8 por ciento de las pymes que funcionaban a principios de 1992 desaparecieron a lo largo del ejercicio, como consecuencia de la crisis y de las dificultades legales para reajustar plantillas.

Las pymes respondieron a la elevación de la duración mínima del contrato temporal de fomento del empleo de seis meses a un año, con un mayor recurso a los contratos eventuales de duración determinada, que pasaro del 11,5 al 20 por cien de las plantillas.

Otro 46 por ciento de sus trabajadores son fijos, mientras que un 30,6 por ciento cuenta con empleos temporales, y el resto, en proporciones casi testimoniales, se reparten entre los de prácticas, formación, mayores de 45 años y minusválidos.

Para abogó por una reforma laboral pactada entre los interlocutores sociales que limite la contratación temooral, pero que al mismo tiempo reduzca los costes del despidos de empleados fijos.

Para ello, defendi que las indemnizaciones de despido sean incompatibles con el seguro de desempleo, y que se equilibre la cuantía entre la que cobran los empleados fijos, 45 días de salario por año trabajado, y los temporales, 12 días.

Puso como ejemplo que, con esta regulación, un empleado fijo despedido a los tres años tiene derecho a cobrar una indemnización de 135 días de salario, mientras que un temporal que haya realizado la misma tarea sólo percibiría 36.

Además, defendió el establecimiento de un arbitrajeobligatorio que fije las condiciones del despido en un plazo máximo de un mes, para evitar los cuantiosos salarios de tramitación que las empresas deben abonar cuando los trámites judiciales se prolongan.

A su juicio, todas estas medidas favorecerían la estabilidad de las pymes, que tienen un tiempo medio de vida muy bajo, lo que se traduce en que un 59 por ciento de sus asalariados cuentan con una antigüedad de menos de 2 años.