En el comunicado se hace constar que filtraciones como las que desvelaron la investigación abierta por la Fiscalía d Barcelona contra dos consejeros y seis ex consejeros de la Generalitat, acusados de presunta malversación de fondos públicos, ya se habían dado en otras ocasiones "en detrimento de personas de un mismo sector político y social".

La nota de Presidencia de la Generalitat añade que esta institución denuncia dos filtraciones sobre el mismo caso, y consideradas de mucha gravedad: la referente al informe de la Fiscalía de Barcelona en el que se solicitaba una querella por la concesión de avales a través de CARIC entre los años 1981 y 1986, y la del informe técnico de la Fiscalía General del Estado, en la que se incluían "comentarios no jurídicos".

Según el comunicado, estos comentarios atentaban "gravemente contra la imagen de las personas incriminadas" y abrían un juicio paralelo a través de la prensa.

La nota de Presidencia recuerda asimismo la responsabilidad del órgano fiscal de vigilar para que sus actuaciones no afecten al prestigio de los ciudadanos y los coloquen en una situación de indefesión. Los documentos de la Fiscalía, añade el texto, tenían carácter secreto, y por este motivo debía haberse evitado su divulgación.

La Fiscalía General del Estado resolvió la pasada semana que no existía fundamento para presentar una querella contra los altos cargos del Gobierno autonómico catalán por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos.