En concreto, en el escrito la defensa solicita que se proceda a actuar conforme establece la ley de amnistía “dictando resolución absolviendo de responsabilidad contable” a Puigdemont “teniendo en cuenta que no existe ninguna entidad del sector público perjudicada por el menoscabo de los caudales o efectos públicos relacionados con los hechos amnistiados”.

La defensa de Puigdemont expone que el Tribunal de Cuentas “no tiene competencia para plantear directamente una cuestión prejudicial ante el Tribual de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”, sino que la posibilidad de plantearla está “reservada” a los “órganos jurisdiccionales” de los estados miembro.

De hecho, señala en el escrito que “sería interesante observar si la pretensión de plantear una cuestión prejudicial” ante el TJUE “siquiera logra superar el filtro de admisibilidad o si termina convirtiéndose en un ridículo de proporciones considerables, demostrando un desconocimiento fundamental de las capacidades propias de órgano que lo plantea”.

Así, el abogado de Puigdemont Gonzalo Boye, cree que el Tribunal de Cuentas está “perdiendo el tiempo” con su idea de presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE, por lo que le reclama que no lo haga y evitar de este modo “mayores dilaciones y dislates” en la aplicación de la ley de amnistía al expresidente catalán.