Así lo indicaron en un comunicado firmado tanto por personas como organizaciones investigadas por esta causa, entre las que se encuentran Josep Lluís Alay Jaume Cabaní, Josep Campmajó, Marta Molina, Xavier Vendrell, Ruben Wagensberg la asociación Òmnium Cultural y los partidos Junts, ERC y la CUP.

Este comunicado se distribuyó un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya citado a declarar por videoconferencia a Rovira y al resto de investigados en el caso Tsunami Democràtic el próximo 22 de mayo, unos días antes de que se apruebe la ley de amnistía de forma definitiva.

En este documento señalan que en el contexto actual “de avance en la resolución democrática de un conflicto político y de tramitación parlamentaria de una ley de amnistía” la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo “se alinean con la extrema derecha para deslegitimar una ley que cumple los estándares internacionales, tal como ha confirmado la Comisión de Venecia”.

A su juicio, se usa la acusación de terrorismo, que es “arbitraria”, para “impedir la vía que abre la amnistía para resarcir parte de la represión sufrida”. El uso de este delito, dicen, “se suma a años de investigaciones secretas, infiltraciones policiales al tejido asociativo o el espionaje ilegal con Pegasus a políticos, activistas, periodistas y abogados en Cataluña”.

Recuerdan que la movilización vinculada a Tsunami Democràtic fue la respuesta de “miles de ciudadanos” de Cataluña que en otoño de 2019 “ejercieron sus derechos fundamentales para protestar, en le marco de la acción no violenta, contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenada por sedición a nueve líderes sociales y políticas a más de 100 años de cárcel”.

Finalmente, los firmantes del citado comunicado, ante esta situación y la “indefensión jurídica que provoca”, quieren “hacer valer las garantías” de sus derechos, “actualmente amenazados”, que “cualquier Estado de derecho tendría que asegurar en un sistema democrático”.