Así lo indicó Puigdemont durante la presentación del programa electoral de Junts+ para las elecciones catalanas, donde propuso cancelar la deuda con el Estado “a cuenta de las inversiones presupuestadas y no ejecutadas y establecer un mecanismo anual de compensación para futuros ejercicios”.

En este sentido, avisó de que “si el Estado deja de pagar, nosotros dejaremos de pagar”. Además, desgranó las medidas que adoptará en los “primeros días de gobierno” si consigue ser presidente tras las elecciones del 12 de mayo. Unos 100 primeros días en los que aspira a “gestionar el 100% de los impuestos como condición para aprobar los Presupuestos Generales del Estado”.

En el programa, comentó, se subraya que es “necesario” un “punto de inflexión” y para eso hay que “actuar desde el primer minuto” y configurar “un plan de choque abordando actuaciones y medidas urgentes”. El programa refleja también cuestiones como “fortalecer” la lengua catalana o abordar el reto demográfico.

Asimismo, el expresidente catalán aseguro que es necesario tener “un bueno Gobierno, una buena administración y tener un país esperanzado para poder ser un país independiente”. Por eso, se comprometió a trabajar para la “reunificación de la estrategia independentista”. “La oportunidad somos nosotros”, añadió.

“NUEVO IMPULSO”

“Se necesita un nuevo impulso, un nuevo comienzo, una reestructuración. Es necesario aprovechar la oportunidad histórica para negociar”, dijo Puigdemont, quien apostó por que la legislatura que comenzará tras las comicios del 12 de mayo sea la de la “recuperación”. “Afrontamos una gran cantidad de desafíos”, agregó.

En esta línea, denunció el “trato continuado desfavorable” del Estado contra Cataluña y, a su vez, comentó que una de sus otras prioridades es el catalán. “Tiene que ser la legislatura del catalán”, espetó Puigdemont, quien defendió que esta lengua tenga un papel “central” en la justicia y que se desarrolle una estrategia colectiva para “frenar los ataques contra la lengua en el colegio”.

Además, Puigdemont aseguró que es “esencial” que la Generalitat se persone en los casos de “discriminación lingüística”. Finalmente, expresó que el traspaso de competencias es otro punto central y defendió poder gestionar “integralmente la inmigración para tener una regulación catalana sobre el fenómeno”.