En concreto, se solicita el levantamiento de las “medidas cautelares” que afectan al expresidente catalán, “específicamente, la orden de busca y captura e ingreso en prisión acordada mediante Auto de 12 de enero de 2023”, una orden que, según este escrito, “debe ser revocada” al aplicarse la ley de amnistía.

Según la defensa de Puigdemont, “restringir” su “libertad personal” sería “manifiestamente contrario a dicho derecho fundamental, pues se estarían vulnerando los principios de proporcionalidad y necesidad”. Por ello, considera que la “única solución” es “el levantamiento de las medidas cautelares” que afectan el diputado de Junts.

Sobre el delito de malversación que afecta al expresidente catalán, señala que la amnistía contempla la malversación que se entendió en el ‘procés’ y apunta que, “de haber existido”, lo habría sido “con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017”.

Asimismo, aunque insiste en que el delito de malversación en el caso de Puigdemont es “inexistente”, señala que “parece evidente” que una lectura “reposada y desapasionada” de la ley de amnistía permite su aplicación en los hechos calificados como delito de malversación de caudales públicos.

“No es posible identificar, sin caer en una interpretación manifiestamente arbitraria, ilógica, absurda e irracional de la norma, con la propia aplicación de fondos públicos a promover o procurar la celebración de dicho referéndum, que el legislador ha querido excluir expresamente del concepto de enriquecimiento”, expone.

En relación con los “supuestos hechos calificados como delito de desobediencia”, el escrito expone que, con independencia de que “ninguna desobediencia se ha producido”, los mismos encajan “perfectamente” en el “ámbito objetivo” de la ley de amnistía, publicada hace unos días en el BOE.