Así se expresó Puente en una rueda de prensa en sede ministerial, donde anunció que ha encargado sendas auditorías en Puertos del Estado y Adif para determinar si se produjeron irregularidades con los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con Koldo García, el asesor de Ábalos cuando era ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Sobre las auditorías, destacó que serán dirigidas por la Inspección General de Servicios, de la que aseguró que está formada por “funcionarios de carrera que no deben su puesto a este Gobierno y son inamovibles”.

En cuanto a la figura de Ábalos, aseguró que “la situación es desgarradora” porque “tengo un alto concepto personal y político” del exministro y exsecretario de Organización del PSOE. “Hemos vivido momentos políticos decisivos para mi partido y para mi país”, añadió.

“Si me hubieran dicho que tenía que vivir ese momento, pedir a José Luis Ábalos el acta porque ante una petición del partido se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído porque no es coherente con lo que ha sido”, prosiguió.

A este respecto, destacó que Ábalos ha dicho que “para él lo importante es no acabar la trayectoria política como si fuera un corrupto” y defendió que “nadie le está acusando de corrupción”. “Tendría que verlo para creerlo, que ha metido la mano”, apostilló.

“Estamos hablando de responsabilidades políticas y de responsabilidades políticas básicas porque cuando se elige a quien nos rodea se tiene una responsabilidad”, apuntó Puente, quien concluyó que en el caso de Ábalos “tiene la culpa de elegir y de vigilar”.

Para ilustrar esta situación, puso como ejemplo a Josep Borrell, quien renunció a presentarse a ser candidato del PSOE cuando se descubrieron irregularidades de dos de sus colaboradores. “Se sintió interpelado por esos actos aunque es evidente que no hizo nada”, sostuvo Puente, antes de pedir a Ábalos que “tome ejemplo de Borrell”.

LOS CONTRATOS

Por otro lado, en referencia a los contratos investigados, destacó que el Tribunal de Cuentas concluyó que habían sido los de la Administración General del Estado (AGE) que adquirieron las mascarillas FTP2 a un menor coste, en concreto a 2,37 euros por unidad los de Adif y a 2,5 euros los de Puertos del Estado. También recordó que fueron analizados por la Intervención General del Estado.

“Hay que distinguir bien los contratos de las mordidas”, sentenció Puente, quien valoró que “al menos no hubo menoscabo para las cuentas públicas”. Eso sí, admitió que eso “no excluye que hubiese alguien que cobrase mordidas o que se haya lucrado indebidamente con estos hechos”. Además, destacó que “las mascarillas llegaron correctamente y se repartieron entre el personal”.

Por último, explicó que hay una sola persona en el Ministerio implicada con estos hechos, el hermano de Koldo García. De él, señaló que trabaja en Emfesa, en una brigada de limpieza en Vitoria. “Es la única persona que queda en el Ministerio afectada por la investigación”, concluyó.