El objetivo de la formación dirigida por Alberto Núñez Feijóo es que Puente informe sobre la responsabilidad de su departamento en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos relativos a la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, cuya investigación ha provocado la detención de varias personas, entre las que se encuentra Koldo García, exasesor de dicho ministerio cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos.

Es previsible que el ministro aproveche la comparecencia para arremeter contra el PP por el presunto fraude fiscal con los ingresos obtenidos con la venta de mascarillas por Antonio González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

De hecho, el propio Puente ha pedido ya la dimisión de la presidenta por mentir al hablar de este asunto y ha contrapuesto la falta de respuesta de los populares con la reacción del PSOE que pidió a Ábalos que devolviera su acta de diputado y le expulsó del partido.

Además, el ministro cesó al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, por mentir ante la Fiscalía Antifraude en relación con las compras de mascarillas y no descarta tener que tomar medidas similares con otros responsables de Transportes o de las empresas del grupo.

Preguntado por la posibilidad de despedir al hermano de Koldo García que trabaja en una filial de Adif, aseguró hace unos días que “en este momento no tengo ninguna razón para cesar a ninguna otra persona. Si la tuviera, cosa que ya digo que no me cierro a ella, procederemos a cesar”.

“No vamos a cesar a personas sin justificación”, defendió Puente, quien recordó que el Ministerio encargó un informe que concluye que “no hay causa de despido” con el hermano porque los hechos que se le imputan no tienen nada que ver con la tarea que realiza. “Lo anormal es que no habiendo causa de despido, lo despidiéramos”, sentenció el ministro.

Por otro lado, Puente ha encargado sendas auditorías en Puertos del Estado y Adif para determinar si se produjeron irregularidades con los contratos con la empresa Soluciones de Gestión, relacionada con Koldo García. Estas auditorías serán realizadas por la Inspección General de Servicios.

En referencia a los contratos investigados, el titular de Transportes defiende que el Tribunal de Cuentas concluyó que habían sido los de la Administración General del Estado (AGE) que adquirieron las mascarillas a un menor coste, en concreto a 2,37 euros por unidad los de Adif y a 2,5 euros los de Puertos del Estado. También recuerda que fueron analizados por la Intervención General del Estado.