Arrieta, en declaraciones a Servimedia, justificó este plazo por el proceso de escisión de la cooperativa de viviendas en promociones, que "obligará a la revisión de las cuentas promoción a promoción" y a su posterior aprobación en asamblea general.

"Si las contabilidades no son aceptables, el proceso de escisión puede pararse. Ahor todo el proceso está cogido con hilos y cualquier acontecimiento puede retrasarlo", aseguró Arrieta, quien recordó también la suspensión de pagos en la que se encuentra actualmente IGS-PSV.

El interventor general de PSV manifestó que los cooperativistas no descartan presentarse como acreedores a estas suspensiones, pero dijo que actualmente los interventores judiciales se han comprometido a entregarles las cuentas una vez que éstas estén verificadas.

Los interventores, dos nombrados por el juezuno por los acreedores, también mantendrán una reunión la semana que viene con la Comisión Interministerial creada para tutelar el proceso de segregación de la cooperativa.

Arrieta quiso dejar claro que su participación en la querella criminal contra el antiguo Consejo Rector de PSV y su gerente, Carlos Sotos, que prepara la Asociación de Valdebernardo, es en calidad de ciudadano individual y como miembro de dicha promoción, y no en representación de todos los cooperativistas.