Reyna descartó la existencia de cualquier tipo de actuación delictiva por parte de UGT, mientras que el secretario general del indicato, Cándido Méndez, fue aún más lejos y dijo que no tiene constancia de que existan "delitos en la gestión de la cooperativa".

Méndez expresó su preocupación por la situación de los dos encarcelados en relación con este "affaire", Carlos Sotos y Paulino Barrabés, aunque se mostró más afectado por la situación del segundo al que llamó "compañero entrañable", mientras que sobre el primero dijo que "cada uno tendrá que hacer frente a las responsabilidades que le corresponden".

Reiteró que acomañará a Nicolás Redondo a declarar la próxima semana y mostró su convencimiento de que "el desenlace será idéntico al de hoy" (en que el juez Miguel Moreiras decidió poner en libertad sin cargos a Sebastián Reyna).

Reyna explicó su comparecencia ante el juez de Delitos Monetarios y reconoció que UGT cobraba 80.000 pesetas por cada piso de PSV, pero indicó que dicha operación estaba recogida en un contrato de prestación de servicios firmado en junio de 1988, por el que el sindicato realizaba determinads funciones para IGS.

El dirigente sindical también explicó la decisión de UGT de vender la aseguradora Unial a IGS y dio a entender que está operación no se realizó para que el sindicato se librase de una empresa en crisis.

Además, Reyna hizo entrega al juez de las cuentas de la cooperativa desde septiembre de 1993 -momento en que UGT se hizo cargo del 100 por ciento de IGS- a enero de 1994 y de la situación económica de cada promoción en junio de este año.

Reyna justificó la situación de PV señalando que, cuando comenzaron las dificultades financieras, en el verano de 1992, no se hizo un "replanteamiento" del proyecto. En ese momento, según Reyna, UGT no actuó porque no conocía la situación y recordó que posteriormente el sindicato ha entregado ayudas para solucionar la situación por valor de 10.700 millones de pesetas.

Tanto Reyna como Méndez se mostraron convencidos de que en la actualidad ya existen las bases para solucionar el problema, ya que el aval del Gobierno ha posibilitado e saneamiento finaciero de las promociones, con lo que podrán solicitar los créditos hipotecarios necesarios para que se reinicie la construcción.