Estas fuentes señalaron que el juez Moreiras acordó suspender dichas declaraciones después de que el abogado de Sotos, Miguel Bajo, solicitase el aplazamiento, dado que ese mismo día tiene que asistir en la Audiencia Nacional a la vista de un recurso interpuesto por Juan de Justo, ex secretario de Rafael Vera, contra su procesamiento en el'caso GAL', a quien también representa.

Las declaraciones de Sotos y Reyna estaban relacionadas con el presunto desvío por parte de IGS de 719 millones de pesetas de PSV para la financiación de una fundación vinculada al sindicato.

El supuesto desvío de esos fondos se produjo durante los ejercicios 1991-1992, y con destino a la fundación Fundescoop para comprar 25.000 terminales de videotex que iban a ser destinados a Inforural, empresa propiedad de la fundación ugestista, en cuyo consejo de admiistración figura Reyna.