Esta revelación, a juicio de los abogados de los cooperativistas, demuestra que el Gobierno desoyó el artículo 152 de la Ley de Cooperativas que permite l Ejecutivo intervenir una entidad de ese tipo ante una situación de crisis, lo que, sin embargo, no hizo hasta que PSV fue intervenida por orden judicial.

De este modo, los abogados estiman que el Gobierno es responsable civil subsidiario de las indemnizaciones a que tengan derecho los cooperativistas, por no haber intervenido PSV cuando tuvo los primeros conocimientos de su mala situación, en lugar de haber dejado que la crisis se agravase.

Las fuentes consultadas señalaron que, además de con Srra, Sotos afirmó haber mantenido asimismo reuniones con el presidente del ICO, Miguel Muñiz, con la actual secretaria de Estado de Vivienda, Cristina Narbona, y con el consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid, José María Rodríguez Colorado, entre otros, para intentar solventar la crisis de la cooperativa.

El ex gerente de IGS también dijo haber celebrado durante su etapa al frente de la cooperativa unas 14 entrevistas con Nicolás Redondo para informarle de la situación de PSV.

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En este sentido, señaló que pidió al ex secretario general de UGT que mediase ante el presidente del Partido Popular, José María Aznar, para que éste intercediese en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, con el fin de desbloquear una de las licencias de construcción solicitadas por la cooperativa.

Fuentes jurídicas confirmaron a Servimedia que la defensa de Sotos aportó al magistrado una carta en la que el ex gerente de IGS solicitaba a Redondo su mediación ante Aznar con esa finlidad.

Sotos, que es el único querellado que permanece en prisión, compareció hoy por espacio de unas 4 horas ante el juez Moreiras para continuar con la ampliación de su declaración del mes de junio que inició el pasado día 23 de noviembre a petición de su defensa.

En su última comparecencia, Sotos afirmó que la anterior ejecutiva de UGT conocía perfectamente la situación de la cooperativa dado que era informada periódicamente desde 1988. Hoy, sin embargo, el ex gerente de PSV, cuyas explicacions para algunos de los presentes fueron más "prolijas" y "espesas" que la vez anterior, no se volvió a referir a la ejecutiva del sindicato.

Tan sólo aludió a la Comisión de Seguimiento de Actividades y Servicios del sindicato, integrada por Sebastián Reyna, Fermín Bretón y Francisco Hernández García, cuando fue preguntado por el magistrado si este órgano controlaba la situación de las empresas de UGT. Sotos dijo entonces que la comisión sólo hacía un seguimimento a través de la información que él le fcilitaba periódicamente.

En su declaración, Sotos se dedicó a describir minuciosamente la gestión de las empresas Unial y Marina Calviá e insistió en que él no desvió ni se llevó ningún dinero de la cooperativa.

La comparecencia de Sotos fue interrumpida a primeras horas de la tarde, acordando el juez Moreiras reanudarla mañana a partir de las 10 horas con el interrogatorio del abogado Francico Méndez Goas.