Méndez Goas indicó que ha comprobado en el Registro de la Propiedad que los tres inculpados han realizado divisiones de sus bienes ganaciales y ventas de propiedades, para presuntamente enjenar a los demandantes de PSV propiedades por un monto total que podría rondar entre los 100 y los 125 millones de pesetas.

El juez Miguel Moreiras ha comenzado a solicitar a los inculpados por el caso PSV que declaren sus bienes para proceder al embargo preventivo de sus propiedades, para hacer frente a la fianza por él decretada de 42.000 millones de pesetas por su responsabilidad civil. El embargó se decretó en octubre de 1994.

En concreto, los tres inculpados vendieron los pasados meses de myo y noviembre de 1994 dos pisos en la calle Jorge Juan, 120 (6º Atico A y 1º D) a través de la sociedad Iniciativas de Economía Social (IES), de la que eran propietarios, a Agropecuaria la Veguetilla S.L., empresa sin actividad real.

Además, el 19 de enero de 1995 la misma empresa, IES, vendió un edificio sin rehabilitar en la calle Jorge Juan 122 a Agropecuaria, por 22 millones de pesetas.

Méndez Goas aseguró que los dos pisos de Jorge Juan tienen un valor de mercado que puede oscilar entre 4855 millones de pesetas, y denunció que el edificio de la misma calle del número 122, si bien ha sido registrado con un valor de venta de 22 millones, cuesta al menos 60.

El edificio de la calle Jorge Juan 120 pertenecía anteriormente a IES, que lo derribó y construyó pisos. Los inculpados se quedaron con los dos inmuebles mencionados, además de con un local en la planta baja que vendieron posteriormente a IGS, entre 1992 y 1993.

Por su parte, Carlos Sotos realizó una disolución de bienes gananciles el 23 de diciembre de 1993, que se concretaron en febrero y marzo de el año pasado, y adjudicó a su mujer el chalé que posee en la calle Décima de Madrid y varias fincas y dos chalé en Madriguera, término municipal de Riaza (Segovia).

Francisco Hernández García también dividió con su mujer otra finca en Riaza que tenía a su nombre, y Fermín Bretón otra propiedad inmobiliaria en El Escorial.

Méndez Goas aseguró que en las capitulaciones matrimoniales los bienes inmuebles pasaron a las mujeres e los inculpados, mientras éstos se quedaron con acciones de diferentes sociedades, sin valor real, según el letrado.