El juez pretende establecer la relación que hubo entre el ayuntamiento de Calviá, accionista mayoritario de la sociedad Marina Calviá Mallorca (MCM), y Carlos Soto, antiguo gerente de IGS-PSV, quien desembolsó más de 5.000 millones de pesetas para el desarrollo de un puerto deportivo, campo de golf y urbanizaciones de lujo en los citados terrenos, en una zona próxima al complejo turístico de Magalluf.

El pasado martes declaró, también como testigo, la actual alcaldesa del municipiode Calviá, la socialista Margarita Nájera, quien, en su condición de concejala de Urbanismo en aquel momento, negó haber favorecido a la gestora IGS en el concurso público del proyecto de la "Marina".

Nájera aseguró en Palma que "mi relación con Soto era la misma que con cualquier otra empresa interesada en construir viviendas sociales en el municipio; no hubo trato de favor en ningún caso", precisó.

Tanto Margarita Nájera como Francisco Obrador (la primera era concejala de Urbanismo de Calviá enel momento en que IGS realizó la citada inversión) han reiterado en diversas ocasiones que desconocían las operaciones de compra-venta que Soto pudiera haber hecho con los terrenos que el ayuntamiento le adjudicó.

Antes de estallar el escándalo PSV, ya fue muy criticada desde el PP balear la presunta operación especulativa que el gerente de IGS realizó con unos terrenos donde inicialmente se iban a construir viviendas sociales pero que escondían, no obstante, un complejo turístico de "alto standing" qe los organismos autonómicos de Urbanismo competentes nunca llegaron a ratificar.