En concreto, Moreiras se interesa por unas informaciones difundidas por ese periódico los días 30 de septiembre y 11 y 16 de octubre de 1993, en las que los periodistas desvelaron la existencia de "un informe confidencial elaborado por el Gobierno a finales de 1992" sobre el Grupo IGS-PSV y que fue encargado por el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. Ese informe señalaba que la cooperativa PSV "está en situación de quiebra" y necesitaba unos recursos ajenos por un montante total que superaban los 80.000 millones de pesetas para hacer frente a los compromisos de edificación de viviendas adquiridos con los cooperativistas.

Según el rotativo, los autores del informe señalaban entre sus conclusiones que "dicho groseramente, lo que está ocurriendo en la corporación IGS.S.A. y las sociedades cooperativas de la PSV es que, con fondos provenientes delas aportaciones hechas por los cooperativistas, se están financiando negocios que nada tienen que ver con las promociones inmobiliarias y que están resultando ruinosos".

Asimismo, el informe sugería que el ex gerente de PSV, Carlos Sotos, que se encuentra actualmente en prisión por orden de Moreiras, utilizó el entramado de empresas de UGT y al sindicato para dar cobertura a sus propios negocios.

Por otra parte, el abogado que representa a los cooperativistas del Plan 18.000, Francisco Méndez Gos, ha desistido de la acción penal contra el vicepresidente de la Asamblea de Madrid, Javier Ledesma, al que incluyó en calidad de inculpado en la querella que interpuso el pasado 15 de junio, según notificó hoy el juzgado de Delitos Monetarios a las partes personadas en este caso.

De este modo, las diligencias de este sumario continuarán siendo competencia del juez Moreiras, dado que entre los querellados ya no se encuentra ningún aforado, como era el caso de Ledesma.

La presentación de la querella contra Ledesma que es af