Este auto es consecuencia de la decisión del juez Miguel Moreiras de establecer una fianza de 65.000 millones por responsabilidad civil y considerar como responsable subsidiario a la propia PSV. Enrech califica el auto de Moreiras de "poco meditado" y de "utilización perversa del proceso penal", y abre la pueta a la continuación de la segregación de promociones en el caso que se retire dicha fianza.

Enrech también declara en su auto que la intervención judicial cesará en el caso de que comience el proceso de embargo, lo que supondría la inviabilidad definitiva de la construcción de las viviendas.

En cuanto a la intervención administrativa de la cooperativa, que dirige Valeriano Gómez, el juez deja la responsabilidad en manos del Gobierno, ya que hoy (día de la entrega de las cuentas al juez por los iterventores judiciales) cumplía el plazo para su mandato. Fuentes de IGS dijeron a Servimedia que, hasta que tengan conocimiento "fehaciente" de la entrega de dicho informe de los interventores, Gómez seguirá siendo Administrador único de PSV.

El auto de Enrech asegura que la decisión de Moreiras "causa un perjuicio irreparable" para los cooperativistas, pero justifica su decisión en la "prejudicialidad penal" (declarada en la Ley Orgánica del Poder Judicial), o sea, la preponderancia de los procesos enales.

Además, el magistrado pone en duda la bonanza de la medida de Moreiras, ya que gran parte de los activos de PSV han sido cedidos por poderes públicos (fundamentalmente ayuntamientos) que ahora pedirán la devolución del suelo cedido y asegura también que las ayudas públicas que queden disponibles también deberán ser devueltas.

Esta pesimista visión inicial del problema (hasta la rectificación de Moreiras) fue compartida hoy por el propio Valeriano Gómez, quien afirmó, en rueda de prensa, qe la decisión de Moreiras acaba con todo el marco de actuación determinado por el Gobierno.

REUNIR FIRMAS

Gómez consideró como "buena noticia" que el juez haya decidido prorrogar durante un mes la ejecución del embargo si 4.000 cooperativistas presentan por escrito su renuncia a reclamar responsabilidades civiles por el asunto PSV, y aseguró que "no sería difícil reunir sus firmas" y conseguir así una reducción de la fianza.

Explicó que en los acuerdos de segregación firmados hasta ahora por untotal de 3.976 cooperativistas hay una cláusula en que estos renuncian expresamente a acciones civiles y penales contra los antiguos y actuales gestores de la cooperativa, como informó en su día esta agencia, que son los que el juez ha valorado para replantear su posición.

También dijo que, en el caso de que se produjera el embargo de los bienes de la cooperativa, los socios tardarían de tres a cuatro años en cobrar las cantidades que han entregado a cuenta de la construcción de las viviendas.

Elpresidente de IGS aseguró que el conjunto de activos de PSV-IGS están valorados en 68.000 millones de pesetas, frente a los 65.000 millones exigidos por Moreiras. De esos, 35.897 corresponderían a IGS y 32.000 a PSV, cifras que no recogen las cantidades pagadas por gestión. La mayor parte de estas cantidades corresponden a suelo, y dentro de éste hay una parte importante de suelo cedido (5.132 millones en el caso de IGS).

Por su parte, las aportaciones de los cooperativistas son 50.240 millones de pestas, de los que 37.558 fueron realizadas a PSV y 12.682 a IGS. En la actualidad, existen 12.346 viviendas adjudicadas, mientras que los socios dados de baja son 2.800, que reclaman un total de 5.417 millones de pesetas.