Este recurso, presentado por el letrado Juan Ramón Montero en nombre de varios cooperativistas dados de baja, ha obligado al juez a dictar una providencia que deja en suspenso la separación de promociones hasta solucionar dicho recurso. El recurso plantea "graves irregularidades" en el proceso de suspensión de pagos.

Enrech es consciente que esta suspensión de pagos ha seguido un proceso anormal con el fin de garantizar la construcción de las viviendas. De momento, harecibido el apoyo y alegaciones contra el recurso del despacho Garrigues, que defiende a IGS-PSV, así como el del abogado del Estado y está a la espera de recibir un escrito del fiscal públicoen contra del recurso de Montero.

El juez considera estos escritos como muy importantes, según las fuentes consultadas, debido a la intervención administrativa que pesa sobre la cooperativa y para buscar una solución consensuada que concluya en la construcción de las viviendas.

Enrech se vio obligado a admitr este 'recurso de queja' de Montero, tras rechazar otros tres presentados por el letrado, ya que de no hacerlo así podría haber acudido a una instancia superior que paralizara todo el proceso iniciado desde el nombramiento de Valeriano Gómez como administrador único de PSV.

Por su parte, el letrado Montero aseguró a esta agencia que el recurso por él presentado reclama que se cumpla el proceso habitual en una suspensión de pagos. A su juicio, el plan de viabilidad dispone de los activos sin el consenimiento de las partes, en perjucio del colectivo que representa, unos 150 cooperativistas dados de baja.

Además, en su opinión, la suspensión no ha sido aprobada por la asamblea general de cooperativistas, como es preceptivo, ni se ha dado a conocer la situación financiera real de PSV, y se ha postergado en el tiempo el convenio de acreedores, cuando debería realizarse ya, según denunció.