Este recurso, presentado por el letrado Juan Ramón Montero en nombre de varios cooperativistas dados de baja, ha obligado al juez a dictar una providencia que deja en suspenso la separación de promociones hasta solucinar dicho recurso. El recurso plantea que se han producido "graves irregularidades" en el proceso de suspensión de pagos.

Enrech ha recibido el apoyo del despacho Garrigues, que defiende a IGS-PSV, así como el del abogado del Estado, y están preparándose también las alegaciones del ministerio público. El juez considera estos escritos como muy importantes, debido a la intervención administrativa que pesa sobre la cooperativa.

El juez había rechazado previamente tres recursos presentados por Juan Rmón Montero, que la semana pasada presentó un nuevo recurso de queja, que de no haber sido admitido por Enrech hubiera pasado a una instancia superior, que podría haber paralizado todo el proceso iniciado desde el nombramiento de Valeriano Gómez como administrador único de PSV.

Por su parte, el letrado Montero aseguró a esta agencia que el recurso por él presentado reclama que se cumpla el proceso habitual en una suspensión de pagos. A su juicio, el plan de viabilidad dispone de los activos sin el conentimiento de las partes.

Además la suspensión no ha sido aprobada por la asamblea general de cooperativistas, como es preceptivo, ni se ha dado a conocer la situación financiera real de PSV, y se ha postergado en el tiempo el convenio de acreedores, cuando debería haberse realizado ya, según denunció.