En dicho auto, Enrech convoca una junta de acreedores para el próximo 3 de mayo, en la que se decidirán las fórmulas para pagar las deudas de la cooperativa, así como las posibles quitas a asumir por los acreedores.

Sin embargo, parece que PSV va a pedir un aplazamiento a dicha fecha para realizar el procedimiento por escrito ante la previsible afluencia de numerosos acreedores, entre ellos los cooperativstas personados en la causa.

Este aplazamiento, que el juez puede determinar en un máximo de cuatro meses, permitiría a los acreedores con posturas comunes agruparse y plantear la defensa de sus intereses desde la misma perspectiva.

El auto del juez Enrech hace referencia en sus justificandos a la decisión del Gobierno de mantener la intervención administrativa de la cooperativa hasta que en el juzgado se dicte la aprobación del convenio de acreedores, como publica hoy el BOE.

Además de esterespaldo gubernamental, el juez valora para declarar la insolvencia provisional que el activo, en torno a los 55.000 millones de pesetas, supera al pasivo en 81 millones.

Esto ha sido posible gracias a la decisión de UGT de renunciar a 211 millones que le adeudaba PSV y a la derrama del 7 por ciento pagada por los cooperativistas, que cubren la deuda de 6.000 millones de IGS con PSV (deuda que la gestora no va a pagar).