El Auto nombra una Comisión para el cumplimiento de los acreedores que subsisten (unos 200, dado que algunos se han segregado y otros, que han cobrado, han sido sustituidos por el ICO), por lo que el presente auto puede considerars, según fuentes judiciales, "el final del expediente de suspensión de pagos".

A partir de este momento, lo único que puede pasar es que alguien impugne el presente convenio, posibilidad para la que existe un plazo de ocho dias.

Así pues, y salvo alegaciones en contra, el presente auto pone punto final a la trayectoria jurídica, por la via civil, del caso PSV. Según las mismas fuentes "aunque todo esté relacionado con todo, en principio nada tiene que ver (el presente auto) con la vía penal", que leva Miguel Moreiras.

Tampoco debe tener consecuencias sobre la construcción de viviendas y su entrega a los afectados: "Las cooperativas segregadas siguen su vida como si no hubiese habido suspensión de pagos. Segisa los está construyendo y si uno se da una vuelta por Valdebernando se dá cuenta de cómo van las obras".