Castro declaró durante dos horasante Moreiras en calidad de imputado, a quien dijo, como ya hicieran otros miembros de la Comisión Ejecutiva de UGT, conoce desde lejos la gestión de PSV, por lo que "no tiene datos concretos", según afirmó Joaquín Ruiz Giménez, abogado de algunos cooperativistas querellantes.

El dirigente de UGT manifestó a los periodistas que hay que presuponer que el sindicato quiere construir las viviendas y resolver el compromiso con los cooperativistas. "Creo que hay que empezar a pensar que los anteriores gestoes de la cooperativa, quizá la gestión no sea la más importante, pero difícilmente se puede prever alguna fuga económica", comentó.

Castro insistió en que el interés de UGT y suyo propio de "resolver el tema de la cooperativa y, por tanto, construir las viviendas", para lo cual cree necesario mantener el proceso de segregación de las promociones "y no entender a UGT ni a los miembros de UGT como algo contrario a la cooperativa y a los cooperativistas sino como sus principales aliados".

El abogadode Castro, Leopoldo Torres, indicó, por su parte, que en este proceso no se trata "de organizar un plebiscito para ver cuántos son partidarios de la responsabilidad civil y cuántos de la penal" y destacó que no hay delito alguno sino que "todo ha surgido debido a un problema en la gestión".

Ruiz Giménez, por contra, resaltó que "la vinculación desde el principio de UGT con PSV fue muy profunda" y expresó su deseo de que "la ley se cumpla y además se construyan las viviendas sin necesidad de que renuncen los cooperativistas a nada puesto que tienen derecho a la responsabilidad civil subsidiaria".

Añadió, asimismo, que por parte de los cooperativistas representados por catorce abogados no ha habido ninguno que haya renunciado a la responsabilidad civil lo que, en su opinión, no deben hacer "mientras no se les asegure que las viviendas se van a construir pero con una seguridad que durante tres años se les ofreció y no se cumplió".

BONMATI: UN "DRAMA" PARA UGT

Tras Emilio Castro, declaró poco ms de una hora ante Moreiras, también como inculpado, el responsable de Relaciones Internacionales de UGT, Manuel Bonmati, quien afirmó al magistrado desconocer todo lo referente a la gestión de PSV dado que permanecía entonces cinco meses al año viajando al extranjero por su cargo, según afirmó abogado Francisco Méndez Goas.

Bonmati señaló a su salida de la Audiencia Nacional desconocer por qué ha sido llamado a declarar, aunque dijo que acudió a la cita para colaborar con la Justicia.

Agregó adeás que el problema de PSV "si es un drama para los cooperativistas, también es un drama para nuestra organización" y expresó su voluntad de que "todo el mundo ayude y nadie ponga piedras para la construcción de las viviendas".

Por otra parte, el magistrado Miguel Moreiras todavía no ha resuelto los recursos presentados contra el auto por el que fijó una fianza de 65.000 millones ni sobre la solicitud de varios careos entre los declarantes (Sotos incluido).

Mañana, martes, está previsto que declarn ante el juez Moreiras los antiguos directivos de UGT Inés Ayala, Juan Luis Manzanares y Alberto Pérez.