En declaraciones a Servimedia, la presidenta de esta asociación, Mercedes Pérez, denunció hoy que, en virtud de esa resolución, Segisa está vendiendo parcelas sin informar a todos los acreedores y cooperativistas de Valdebernardo.

"Están vendiendo unos activos de la cooperativa que son nuestros a espaldas del resto de los acreedores y de los cooperativistas, sin constanci alguna de todo esto", denunció, al tiempo que dijo que la venta de estas parcelas está perjudicando a los demás acreedores al desaparecer los bienes de la cooperativa.

"Estamos unos acreedores ahí, en una suspensión de pagos, y no entiendo esto", añadió la portavoz de Dados de Baja de Valdebernardo, que dijo no entender cómo el juez de la suspensión de pagos de PSV, José Antonio Enrech, "puede participar en estos temas presuntamente delictivos y anticonstitucionales".

Pérez dijo que esta situacin se produce, además, cuando los cooperativistas dados de baja de Valdebernardo no han recibido todavía "ni un duro" de lo que se había fijado (el 75 por ciento de lo aportado). "El tema de PSV no está terminado, no nos han pagado todavía un duro y siguen haciendo toda esta serie de irregularidades", dijo.

En su recurso, la Asociación de Dados de Baja acusa a los responsables de PSV e IGS y de Segisa de actuar "de espaldas" al resto de los acreedores y cooperativistas adoptando una resolución sin contr con "quienes estamos debidamente personados en el procedimiento concursal".

A su juicio, la decisión que permite a Segisa disponer de los bienes de la suspensa incumple la Ley de Suspensión de Pagos, ya que favorece a unos acreedores y deja indefensos a otros, como los cooperativistas dados de baja, porque al desaparecer los bienes de la suspensa imposibilita la realización de sus créditos.