Según informó el presidente dela Asociación de Adjudicatarios de Madrid Sur, Adolfo Alvarado, el que la auditora no reflejara las dificultades financieras de PSV esos años ha provocado que los cooperativistas hayan tenido que pagar de más, así como esperar un mayor tiempo para conseguir sus pisos.

La demanda reclama a Ernst and Young al menos 325 millones de pesetas, que es la cantidad que los cooperativistas tendrán que pagar en concepto del 7 por ciento de derrama. Alvarado indicó que el juez deberá valorar también otros perjuicos como el pago de alquileres durante el tiempo en que se han retrasado los pisos.

En este sentido, dijo a Servimedia que la reclamación final para cada uno de los cooperativistas de la promoción rondaría como media por todos los conceptos los tres millones de pesetas, con lo que la cantidad total solicitada a la auditora sería de unos 1.560 millones de pesetas.

A su vez, otros 400 cooperativistas de la promoción de Alcobendas han presentado otra denuncia en este sentido, según Alvarado. Estas relamaciones civiles se unen a la presentada por vía administrativa ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía.

La sanción del ICAC a Ernst and Young, todavía en estudio, podría ascender a 200 millones de pesetas, con lo que se trataría de la multa más elevada de las que el organismo de supervisión y control de las auditorías ha impuesto en nuestro país.

VISITA GUIADA

Por otro lado, el administrador único de PSV, Valeriano Gómz, y el director general del INFES (Instituto Nacional de la Economía Social), Juan José Barrera, acompañaron hoy al juez de la suspensión de pagos de PSV, José Antonio Enrech, en una visita a las promociones con obras ya iniciadas en la capital de España (Madrid Sur, Orcasitas y Getafe).

Gómez leyó un manifiesto conjunto de PSV, el Gobierno y la Comunidad de Madrid en el que solicitó a los cooperativistas dados de baja que reconsideren su decisión, una vez que la construcción de viviendas ya está a s juicio garantizada. En total se han dado de baja 2.000 socios de PSV y 1.300 de IGS, según el administrador único de la cooperativa.

También indicó que en estos momentos es necesario proseguir con el procedimiento judicial para conseguir el convenio de acreedores y pidió a los cooperativistas que hagan frente a las letras firmadas y al pago de la derrama a lo largo de tres años.

En cuanto a la solución para la promoción de Valdebernardo, el administrador único de PSV dijo que Segisa, la sociedadpública recientemente constituida, ha ofrecido a los cooperativistas un precio cerrado para sus pisos (13,5 millones sin IVA para los de 86 metros cuadrados) y si el 70 por ciento acepta llevará a cabo la gestión. Los socios tienen todo el mes de febrero para contestar.