No obstante, dijo que todas las gestiones y responsabilidades de dirección correspondían al gestor de IGS, Carlos Sotos, según informó al término de la comparecencia Francisco Méndez Goas, abogao de una de las acusaciones.

Bretón, que al igual que ayer compareció por espacio de unas 4 horas ante el magistrado en calidad de inculpado, también afirmó, según el abogado, no saber las razones por las que esas cantidades no fueron ingresadas en las cuentas especiales que tenía abiertas PSV en Cajamadrid y otras entidades bancarias, tal como estaba previsto.

El ex asesor jurídico de PSV, que hoy continuó siendo interrogado por Méndez Goas y posteriormente por Juan Ramón Montero, otro de los lerados de la acusación, aseguró, según el letrado, que UGT le dio instrucciones para redactar el contrato que suscribieron el 24 de julio de 1988 entre PSV e IGS, en el que se cedía toda la administración y todo el contenido económico de PSV en favor de la sociedad anónima.

Asimismo, aseguró que el Consejo Confederal del sindicato acordó que la prestación de los servicios de UGT se realizaría a través de IGS, no sólo los que venía prestando ya a sus afiliados y simpatizantes, sino también los nuevos sevicios que se pudieran prestar, según Méndez Goas.

Por su parte, Francisco Hernando, defensor de Bretón, afirmó que sólo es "un juicio de valor" asegurar que las relaciones entre UGT e IGS no eran claras, ya que, en su opinión, la declaración de su patrocinado fue "absolutamente esclarecedora de esas relaciones, que quedan absolutamente claras".

A su juicio, de la declaración de Bretón no se desprende que los fondos de IGS fueran utilizados para cuestiones diferentes a la construcción de las vivindas. No obstante, dijo que "lo que sí se desprende es que el objetivo social de IGS era más amplio que la construcción de viviendas para PSV; por tanto su actividad no se agotaba en la construcción de viviendas".

Hernando reiteró que Bretón no afirmó en ningún momento ante el juez que ese dinero se haya desviado a otras funciones sociales e insistió en que su defendido, por su condición letrada, conoce de los temas jurídicos de IGS, pero "se le escapan" las labores de gestión y administración.

Fnalmente, volvió a expresar su convicción de que el juez Moreiras no decretará orden de prisión para Bretón, porque "tengo la convicción de su inocencia y de que no se le puede imputar, ni siquiera en niveles indiciarios, culpabilidad. Creo que es una persona que está en el proceso de una forma casi inevitable por su gran conocimiento de muchas de las cuestiones en su función de asesor jurídico".