En la tarde de ayer, los 4 miembros de citado Consejo Rector de PSV estuvieron reunidos para analizar la situación de la cooperativa ligada a UGT y decidieron elaborar un comunicado en el que señalan "la orientación de los trabajos emprendidos".

ara los nuevos administradores nombrados por el Gobierno, la suspensión de pagos de PSV representa la "obligación de garantizar suficientemente los derechos de todos los afectados, problema nada despreciable, por cierto, pero sobre el que empezamos a atisbar posibles soluciones, que esperamos sean aceptadas por la Intervención Judicial y, en definitiva, por el Juzgado competente".

Desde de PSV se precisa que cualquier solución pasa por el esfuerzo de todos los que intervienen en este proceso, "especiamente por encontrar la fórmula que permita a los cooperativistas acceder a la financiación ajena, la cual hasta ahora les ha sido negada por causa de la gran concentración de riesgos que representa un proyecto unitario, unido a evidentes carencias para la constitución de garantías suficientes ante estas entidades".

Por las razones expuestas, esperan de las entidades financieras "facilidades que, sin representar merma de sus garantías, contemplen la nueva situación del proyecto, ahora tutelado judicialente".

Los nuevos rectores de PSV también piden la colaboración de las diferentes administraciones "con competencias en matería económica, de urbanismo o de política de viviendas", para agilizar la obtención de las "correspondientes licencias de obras, calficaciones provisionales, adjudicación de terrenos y demás ayudas para este tipo de proyectos".

Asimismo, subrayan que son los socios de PSV los que deben decidir si continuan con el proceso, ya que ellos serán los que deban soportar los "desajetes financieros del proyecto hasta que se pueda recuperar una parte o la totalidad de las cantidades aportadas por ellos y hoy adeudadas por IGS" (10.500 millones de pesetas).

"Confiamos en que, una vez concretado el plan de viabilidad que diversos intervinientes estamos estudiando, y que la autoridad judicial deberá aprobar, no sólo merecerá la conformidad de los cooperativistas actuales, sino que aquellos que han solicitado la baja también considerarán preferible reintegrarse al proyecto, y recupera una vivienda por la que tanto han sufrido hasta el presente momento", según el comunicado.

En cuanto a los afectados interesados en "promociones inviables", la solución de los administradores de PSV es la siguiente: "Trataremos en estos casos de encontrar la fórmula ideónea de equilibrio, que les compense por su situación concreta o que les permita recibir su vivienda en otra promoción que els resulte aceptable".

El Consejo Rector de PSV para llevar a cabo sus soluciones a la crisis de la coopertiva de UGT ha puesto "manos a la obra" y tienen previsto, a partir del próximo lunes, "iniciar una ronda de conversaciones con todos los intervinientes en el proveso, especialmente con las asociaciones que están agrupando a los cooperativistas, intentando no duplicar actuaciones con la Intervención Judicial, con el fin de poner a su disposición todos los datos obrantes en nuestro poder".

Las soluciones de los administradores de PSV, "globales que contemplan la diversa casuística de todos los afectado",les ha llevado a "sopesar si la alternativa de llegar a un proyecto absolutamente definido y cuantificado no será, por su lentitud, más perjudicial para todos los implicados que la búsqueda y puesta en práctica de soluciones suficientemente estudiadas, legalmente admisibles y parcaticamente viables a corto plazo".

El comunicado de los gestores de PSV se quejan de que en la busqueda de información pedida a IGS, las administraciones públicas y a otros intervinientes en este proceso, "lamentablemente n hayamos obtenido todo el resultado deseado.