Así lo aseguró a Servimedia Juan Antonio Monje, presidente de Afuveva, que agrupa a cerca de 2.000 socios de los 3.000 de la promoción. Monje indicó que en la mayoría de los casos los socios provienen de familias modestas, que esperan sus casas desde hace tres aos pagando alquileres, con lo que no han podido ahorrar lo suficiente para hacer frente a una casa a precios casi libres.

El pasado jueves, el ministro de Obras Públicas, José Borrell, condicionó la actuación de la nueva sociedad pública -formada por Sepes, la Comunidad de Madrid, constructoras y entidades financieras- a que el 70 por ciento de los socios de Valdebernardo den su conformidad a que dicha empresa se haga cargo de la gestión.

El responsable de Afuveva calificó dicho acto de constitucón de Segisa como "lavado de imagen", porque no da garantías a los cooperativistas sobre los precios y plazos de las viviendas, y sólo les deja la opción de aceptarlo o ir a la devolución de su dinero con una quita todavía desconocida.

Sobre el primer aspecto, aseguró que el presidente de Sepes, José Luis González Haba, comunicó a los cooperativistas que Segisa no asumirá la ficha económica del acuerdo de segregación de IGS, ni tampoco un precio final de las viviendas, porque tendrá que realizar sus popios estudios para determinarlo.

González Haba reconoció en una comparecencia con Borrell que el precio de construcción hecho público para la promoción -20.500 millones de pesetas- es estimativo, con lo que todavía no se puede conocer cuál será el precio de las casas.

Juan Antonio Monje también puso en duda que las viviendas puedan empezar a construirse en el primer trimestre del año y que la duración de su ejecución sea de 19 meses, ya que González Haba les ha advertido que es probable que Segia tenga que revisar los proyectos de construcción al considerarlos deficientes.

DESACUERDO

Esta situación se agrava, ya que todavía no hay un acuerdo con IGS para la segregación de la promoción de Valdebernardo. La diferencia está en en coste del suelo, que está escriturado por valor de 4.300 millones, mientras que la gestora de PSV reclama 5.700 millones por este concepto, según Monje.

Monje dijo que a esta diferencia de 1.400 millones, se une que las aportaciones de los socios suponen 15.500 illones de pesetas, y sólo se han empleado en la promoción un tercio de esta cantidad. El acuerdo que IGS pretende no recoge este saldo favorable a los cooperativistas.