Según el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso Servimedia, los cooperativistas se han constituido como comunidad de propietarios, para poder subrogarse a los créditos hipotecarios concedidos, y han aceptado asumir la deuda de 122 millones que mantiene la promoción con la constructora Comylsa.

Por su parte, IGS ha cedido los derechos sobre los locales comerciales y tres plazas de garaje no adjudicadas; el IVIMA, de la Comunidad de Madrid, os terrenos de las parcelas afectadas, y los interventores judiciales de PSV e IGS se han comprometido a colaborar en la solución del problema.

No obstante, el documento tiene una cláusula por la que los cooperativistas de Torrejón se comprometen a asumir su parte de quita que les corresponda del 'agujero' de PSV. Según la auditoría de Arthur Andersen, las deudas de PSV a IGS son de 10.500 millones de pesetas.

Todo el acuerdo pasa por la escrituración anticipada de las viviendas y plazas de garaj. El documento recoge que para ello sería necesaria la colaboración de Cajamadrid, entidad prestataria, para la subrogación de los créditos, y de Comylsa, cuyos representantes no firman este acuerdo.

Según las fuentes consultadas, para que este acuerdo, firmado antes de la intervención gubernamental, se constituyera en una verdadera segregación sería necesario el visto bueno de los administradores de PSV y de los jueces que llevan la suspensión de pagos de la cooperativa de viviendas y su gestora.

Los firmantes del documento son los interventores judiciales de PSV Alejandro Latorre y Antonio Moreno, de IGS Francisco Prada y Enrique Albert; el presidente de IGS, Prudencia García; el apoderado de PSV, Víctor García, y los apoderados de los cooperativistas, Fernando Manzano y Sergio Solaz.