Según confirmaron a Servimedia fuentes de los cooperativistas, esta petición estaría justificada ante la gran cantidad de asuntos en trámites por el juez Miguel Moreiras, encargado de los temas económicos. Los letrados plantearán que se nombre un juez ayudante adjunto a éste.

La posibilidad de nombrar un fiscal especial para PSV fue considerada en su día viable por Eligio Hernández, fiscal general del Estado según las fuentes consultadas.

Los letrados consideran que el proceso judicial se está llevando con excesiva "lentitud" y que las comparecencias de los afectados están demasiado sobrecargadas. El 20 de junio declararán el antiguo gerente de PSV, Carlos Sotos, y el miembro del Consejo Rector, Paulino Barrabés, mientras que el 21 están convocados Sebastián Reyna, secretarios de finanzas de UGT, y Nicolás Redondo.

Los abogados, que se reunieron en el Colegio de Abogados de Madrid, se han puesto de cuerdo en las preguntas que van a plantear a los inculpados y han analizado otras posibles acciones para acelerar la solución a la crisis de la cooperativa de viviendas.

Entre ellas, la de convocar a todos los cooperativistas de PSV de toda España en Madrid, o la de reclamar judicialmente a las administraciones públicas si las actuaciones recientemente emprendidas no concluyen en la construcción de las viviendas.