Turiel explicó que, si bien no ha habido una cita formal, es habitual en estos casos que al día siguiente de una decisión judicial los abogados se reúnan para perfilar la mejor estrategia de defensa, que ya han comenzado a estudiar hoy. Turiel entiende que el recurso deberá ser presentado a más tardar el jueves, para evitar el comienzo del embargo.

Así mañana se encontrarán Miguel Bajo, efensor de Carlos Sotos; Francisco Hernando, defensor de Fermín Bretón; Jesús Giménez Rico, abogado de Francisco Hernández García; y José Francisco de Carvajal y Turiel, por parte de Barrabés. No se descarta también la presencia de Leopoldo Torres, defensor de Redondo, y de los servicios jurídicos de UGT.

La línea argumental del recurso subsidiario de apelación ante la Audiencia Nacional probablemente tratará de rebatir la estimación del juez sobre el perjuicio causado a los cooperativistas, ya que a uicio de Turiel no ha existido una tasación pericial de éste (fijado en 49.000 millones por el juez).

"El juez establece que los activos de IGS se han evaporado, y eso no es verdad. La auditoría de Arthur Andersen y los técnicos aseguran que los activos de IGS-PSV valen más de 50.000 millones de pesetas", añadió el letrado.

Marino Turiel lamentó que la decisión judicial de considerar responsables subsidiarios a PSV e IGS pueda perjudicar a los propios cooperativistas. "Es incompatible que se devulva el dinero a los socios y que se construya también las viviendas. No se pueden tener ambas cosas", afirmó.

En este sentido, indicó que los responsables de esta situación son los abogados de los cooperativistas que quieran segregarse y que han solicitado esta fianza por responsabilidad civil y citó expresamente a Francisco Méndez Goas, que representa a varias parcelas del Plan 18.000: "A los cooperativistas dados de baja les beneficia, pero no a aquellos que quieren las viviendas".