El presidente de la Federacón de Asociaciones de Cooperativistas de PSV, Julián Martín, afirmó en rueda de prensa que el auto es "inequívocamente negativo" para los intereses de los socios, que únicamente desean ver terminadas sus viviendas.

Ninguna de las promociones representadas, salvo la parcela 52 del Plan 18.000 de Madrid, han presentado querella contra los antiguos gestores de PSV y la UGT como responsable subsidiaria. Todos han acordado esta tarde en Madrid, por unanimidad, pedir al juez que revoque el auto "cuanto ante" porque "se evitarán muchos problemas de todo tipo".

Los delegados de los 9.000 cooperativistas son partidarios de llevar el proceso por la vía civil, a través de la suspensión de pagos. Consideran que por la vía penal, competencia de Moreiras, podría demorar la solución "tanto como el caso de la colza". Sin embargo, la ley estipula que mientras haya un proceso penal, el civil debe esperar a que el primero se resuelva.

En caso de que el juez no revoque el auto de la fianza de 65.000 millones, lo socios han anunciado medidas sin "límite", aunque siempre por la vía pacífica y legal. Para ellos, las responsabilidades penales de los gestores están subordinadas a la consecución de sus viviendas en un plazo razonable. El auto del juez representa, según Martín, "la liquidación real de la cooperativa".