Los cooperativistas exigen que se les dvuelvan los 1.080 millones aportados para la construcción de su vivienda. Asimismo, solicitan 800 millones más por daños y perjucios e intereses vencidos.

La querella afecta a Nicolás Redondo, en cuanto máximo responsable de la UGT, "por su responsabilidad como accionista destacado que no ha tutelado correctamente el funcionamiento" de la cooperativa, según informó a Servimedia un portavoz de esta entidad.