En declaraciones a Servimedia, el secretario de Libertades Públicas y Desarrollo Autonómico de la Ejecutivo socialista, Juan Fernando López Aguilar, se refería así al reciente dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU que considera que el recurso de casación penal español no cumple las garantías que exige el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puesto que no actúa como una verdadera segunda instancia, al no valorar nuevamente pruebas y limitarse a velar sólo porque el proceo judicial haya sido correcto.

El PSOE considera que es necesario adecuar la normativa española a las directrices internacionales y, para ello, pide un "gran pacto de Justicia" que, entre otros asuntos, otorgue a los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las Comunidades Autónomas la capacidad de actuar como tribunal de apelación y segunda instancia en todos los ámbitos jurisdiccionales.

"Se trata de potenciar las salas de lo civil y de lo penal de los Tribunales Superiores, filosofía que coicide con el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y con el pensamiento de muchos juristas", insistió López Aguilar.

"Hay que asegurar la segunda instancia en todos los ámbitos y para ello -según dijo-, el Tribunal Supremo no puede seguir siendo la segunda instancia y debe limitarse a su labor de unificar doctrina".

Según el PSOE, la función del Supremo debe ser la casación en el sentido de unificación de doctrina y no debe convertirse en una tercera instancia. De hecho, con la propuest socialista, la vía de recursos de apelación finaliza en los TSJ.

En cuanto al dictamen de la ONU, López Aguilar indicó que debe ser un "acicate" para animar al Gobierno español a abordar estas reformas con la mayor diligencia posible. No obstante, pidió que las posibles mejoras legislativas se lleven adelante "con el máximo consenso posible".

Finalmente, y en el sentido de un "gran pacto por la Justicia", el PSOE insiste en la necesidad de abordar una reforma "de gran calado" que incluya, entre tros asuntos, la desaparición de los jueces de instrucción para dejar la labor de persecución de los delitos a los fiscales.