En la iniciativa, los socialitas precisan que aunque la citada directiva obliga a los países miembros a su trasposición en los respectivos ordenamientos jurídicos antes del 8 de agosto de 2002, "el coste que supondría esperar a esta fecha puede ser inasumible para un elevado número de empresas, y muy especialmente pequeñas".

El PSOE advierte de que la reducción de las previsiones de crecimiento económico dará lugar a un aumento del número de impagados, generándose los habituales efectos en cadena sobre el conjunto de la economía spañola.

Según argumentan los socialistas, la morosidad afecta al 80 por ciento de las empresas españolas, creando problemas de liquidez, quebrantos de tesorería y suspensiones de pagos. Además, los impagos en las transacciones comerciales se están viendo agravados por la debilidad del euro y el aumento del precio del crudo, lo que repercute negativamente, a su vez, en el índice de solvencia de nuestras empresas.