“Reforzaremos las garantías de las personas trabajadoras en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues”, reza el texto pactado entre los dos partidos. Los descuelgues son aplicados por las empresas para poder modificar a la baja las condiciones de un convenio colectivo cuando se encuentran en situación de gran dificultad económica.

En este sentido, PSOE y Sumar han acordado revisar causas para que solo en situaciones que afecten a la viabilidad de la empresa se pueda recurrir a estos procedimientos, que deberán ser negociados, dando prioridad a la negociación con las organizaciones sindicales y garantizando el carácter reversible de las medidas adoptadas.

En cuanto al despido, se establecerán más “garantías para las personas trabajadoras”, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral.

Según ha explicado la propia ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, en varias ocasiones, se trataría de que al calcular una indemnización no solo cuente la antigüedad, sino factores de la vida de la persona despidida, como su edad o la formación.

UGT primero y CCOO después presentaron una denuncia contra el Estado español ante la Justicia europea por el “bajo” coste del despido en el país. Ambos creen que, como ha sucedido en Italia o Francia, los tribunales les darán la razón, por lo que antes o después España tendrá que adecuar su legislación sobre el despido a los mandatos judiciales.

AUTÓNOMOS

Por otro lado, el acuerdo contempla la consolidación y evaluación de las mejoras en protección social y prestaciones de los autónomos. Para ello, si se forma Gobierno, se extenderán la posibilidad de aplicarse la cuota reducida (tarifa plana) en la cotización a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de su actividad en los que se produzcan una caída en sus ingresos, cuando declaren por estimación directa, por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI), “sin pérdida de derechos de protección social”.

En paralelo, se actualizará la legislación de prevención de riesgos laborales. Para ello se actualizará el catálogo de enfermedades profesionales, así como el procedimiento de notificación del accidente de trabajo.

Además, se evaluará con “especial atención” la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo. Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención de riesgos laborales.

FUNCIÓN PÚBLICA

En lo que se refiere al empleo público, PSOE y Sumar han acordado aprobar la Ley de Función Pública de la Administración del Estado en los términos que ya se fijaron con los sindicatos en la primera mitad del año. El texto decayó durante su tramitación parlamentaria por el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes.

Asimismo, ambos partidos promete impulsar el puesto de trabajo digital, que conllevará la capacitación de los profesionales en las nuevas tecnologías, la organización del trabajo “por objetivos”, el teletrabajo, la evaluación y el derecho a la desconexión digital de los funcionarios.

Además, el acuerdo recoge la culminación del proceso de estabilización de empleo temporal en las administraciones “para consolidar un modelo de empleo público estable y de calidad”. Así, se pretende dar cumplimiento a la ley que establece un porcentaje máximo de temporalidad del 8% para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas.

Por último, el pacto entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz asegura que regularán las ofertas de empleo público (OEP) plurianuales para dotar a las Administraciones Públicas “de instrumentos de planificación que permitan incorporar efectivos suficientes”, y que garantizarán el derecho al desarrollo profesional del personal público, “dotándolo de una verdadera carrera profesional vertical y horizontal”.