La proposición, que preveía un permiso de paternidad de cuatro semanas exclusivo para el padre e independiente de las 16 semanas que disfruta la madre en la actualidad, partió del Grupo de Convergéncia i Unió en el Senado y fue aprobada por el pleno de la Cámara Alta, con el apoyo del Partido Popular.

Sin embargo, al llegar al Congreso, PSOE, IU-ICV y ERC impusieron su mayoría para rechazar la iniciativa, argumentando que el Gobierno está preparando una ley de igualdad que permitirá avanzar en esta materia.

También alegó el PSOE que el coste que supondría instarar este permiso, que se calcula en 362 millones de euros, debería estudiarlo el Pacto de Toledo si lo va a asumir el Estado o en el marco del diálogo social en el caso de que se hagan cargo las empresas.

La proposición de ley que planteó CiU proponía una modificación del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de la Función Pública para que la suspensión por maternidad o paternidad pase de las 16 semanas actuales a ser de 20 semanas ininterrumpidas.

De ellas, las seis primeras, inmediatamente posteriores al parto, corresponderían obligatoriamente a la madre -igual que ahora-, otras diez semanas podrían ser disfrutadas por el padre o la madre indistintamente -también igual que ahora- y las cuatro restantes sólo podrían ser utilizadas por el padre. Si el padre optara por no disfrutarlas, estas cuatro semanas se perderían.