Martínez, ponente socialista de la ley y presidenta de la Comisión de Justicia, destacó que "se ha hecho un barrido a toda la ley, ampliando la intervención de la víctima en el proceso judicial". Algo a lo que, según dijo, se opuso el Partido Popular en el año 2000.

En lo referido a la aplicación de la ley, al parlamentaria añadió que no se aplicará a los jóvenes de entre 18 y 21 años y, de esta manera, se recupera el texto original remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados.

Asimismo, "se ha instado al Gobierno y a las Comunidades Autónomas con competencias a adecuar las plantillas de funcionarios de la Administración de Justicia a las necesidades que presenten los Juzgados y los fiscales de menores".

Martínez subrayó, además, que el texto completa la regulación de la medida de alejamiento del menor con respecto a su víctima y establece que la Entidad Pública adopte las medidas de protección necesarias cuando el menor tenga que ser alejado de su entorno familiar y social.