El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados que evitar esa asamblea es una "cuestion de aplicación de la ley" y, por tanto, está en manos de los jueces.

Subrayó, en este sentido, que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, "se ha movido" para recabar información y no es necesario "instarle a nada" desde el Gobierno.

López Garrido recordó que, en virtud de la Ley de Partidos Políticos y de su posterior aplicación por los tribunales, Batasuna fue ilegalizada y, por tanto, no puede realizar labores como tal partido.

Sin embargo, explicó, puesto que el derecho fundamental a reunirse no requiere permiso para ser ejercido, los jueces pueden actuar únicamente con pruebas de que existe una vulneración de la ley y, por tanto, esa libertad debe ser restringida en ese caso concreto.

Por otra parte, López Garrido recordó que existe un pronunciamiento "solemne" del Congreso de los Diputados dejando claro que no habrá precio político por el fin del terrorismo.

Por ello, negó las acusaciones del secretario general del PP, Angel Acebes, sobre un primer pago de ese precio en forma de permiso para que Batasuna pueda celebrar su asamblea.