Los socialistas expresan su preocupación por el tratamiento de la salud mental en la Sanidad pública y en esta iniciativa hace referencia al Informe anual del Defensor de Pueblo del añ 1997.

También apuntan que "al ser la salud mental competencia de las comunidades autónomas existen diferentes rítmos, distintos criterios y diferentes presupustos en cas comunidad utónoma".

Según un estudio de la sociedad catalana de centros concertados de salud mental, que citan en la proposición, mientras Cataluña gastaba 2.500 pesetas por habitante y año en atención mental, el País Vasco gastaba 7.500 pesetas.