Granado, portavoz del Grupo Socialista en el Senado, argumentó ue esos 22.000 millones extra proceden de los presupuestos consignados en 1997 y 1998, que no fueron gastados por falta de acuerdo entre las comunidades autónomas sobre cómo debe hacerse el reparto.

El PSOE presentará el próximo martes en el Senado una moción en la que insta al Gobierno a presentar una propuesta de reparto para el fondo, y a incrementar su cuantía hasta los 34.000 millones de pesetas.

El fondo de nivelación tiene como objetivo homogeneizar los servicios públicos fundamentales de os que se encargan las comunidades autónomas, a fin de que no haya diferencias entre los que prestan cada una de ellas.

El senador explicó que los servicios públicos considerados fundamentales son cuatro: la sanidad, la educación, la Seguridad Social y los servicios sociales.

De ellos, sólo uno, la educación, y además parcialmente, es competencia de todas las comunidades autónomas, que ya gestionan la enseñanza universitaria.

Granado aseguró que un grupo de trabajo del Consejo de Política Fical y Financiera lleva trabajando más de año y medio en esta cuestión, sin que se consiga consensuar una propuesta de reparto de este fondo, que se destinaría a corregir desigualdades en la educación universitaria.

El senador pretende que el Gobierno elabore la propuesta, ante la falta de consenso. Expresó su temor de que, en realidad, el Ejecutivo esté planeando dejar sin efecto el artículo 15 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y eliminar la existencia de este fono.

En su opinión, si el Gobierno no toma cartas en el asunto, este año tampoco habrá acuerdo y no se gastará el presupuesto del fondo de nivelación. Denunció la actitud del Ejecutivo, puesto que a su juicio el PP utilizaba este tema "demagógicamente" cuando estaba en la oposición.

La intención del PSOE es que los grupos parlamentarios, especialmente los nacionalistas, apoyen la moción socialista y dejen aislado al PP en las votaciones sobre el fondo de nivelación. Esto forzaría al Congreso de losDiputados (donde el PP no tiene mayoría absoluta) a tomar cartas en el asunto.