A favor del texto, que pretendía favorecer la eliminación de barreras arquitectónicas en los domicilios de los discapacitados, votaron todos los grupos parlamentaris, a excepción del PSOE.

El portavoz socialista, Diego Díaz Pozas, reconoció y compartió el espíritu que movía la iniciativa del PP, que fue defendida ante la cámara por Elena García-Alcañiz y que, según ésta última, afecta a 6 millones de personas en España.

Sin embargo, el grupo socialista anunció que iba a votar en contra del proyecto de ley porque, tratando de posibilitar a los minusválidos la realización de las obras necesarias en sus viviendas que les faciliten el acceso y la movilidad, el exto distingue entre ser propietario de la vivienda y ser arrendatario.

En el primer caso, el ordenamiento jurídico vigente ampara a los minusválidos para realizar todas aquellas obras que sean necesarias en elementos comunes del edificio, como portal o escaleras.

En cambio, si la persona discapacitada es inquilino, la actual ley de Arrendamientos Urbanos prevé como causa de desahucio las obras inconsentidas, al tiempo que señala como excepciones a esta regla el consentimiento del arrendador, la ianza entregada a éste para devolver la vivienda a su primitivo estado y, si no otorga su consentimiento el arrendador, la autorización judicial.

Díaz Pozas indicó en su intervención que, como "no existe para el arrendatario cauce legal" en la proposición de ley del PP en el caso de que se nieguen a costear, él o la comunidad de propietarios, obras en elementos comunes del edificio para facilitar el acceso de los inquilinos minusválidos, podría volverse en contra de éstos, ya que los dueños podrían prferir no alquilar sus viviendas a este tipo de personas.

Por tanto, el grupo socialista estimó que, si bien el objetivo de la proposición de ley es plausible, "su oportunidad es discutible, toda vez que en lugar de modificar la legislación actual, crea una nueva ley que desarrolla aspectos muy concretos sin ofrecer ventajas que pueden conseguirse con la modificación de la normativa vigente, que es la vía que parece más adecuada".

Díaz Pozas invitó, por consiguiente, a los demás grupos a participa mañana en la ponencia que sobre el tema se constituirá en la Comisión de Política Social y Empleo, así como cuando se debata y reforme la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El portavoz del grupo socialista señaló que no considera necesaria una ley especial para minusválidos porque "se trata de integrar en la sociedad, no de hacer colectivos", concluyó.