En concreto, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria que, según el portavoz de Interior, David Serrada, es “el resultado del trabajo que desde el Gobierno y desde el Grupo Socialista se viene realizando con los sindicatos mayoritarios de prisiones. En ella se recogen sus demandas y se da respuesta a la principal reivindicación del colectivo de funcionarios de prisiones”.

Según el texto de los socialistas, “la declaración como agentes de la autoridad dará seguridad jurídica al trabajo que realizan estos trabajadores públicos y evitará que se dicten decisiones judiciales dispares”.

Además, en la iniciativa solicitan que sus manifestaciones e informes sean consideradas como pruebas en los procedimientos disciplinarios regulados por esta ley y que se garantice su seguridad cuando ingresen en prisión, a causa de sentencia condenatoria, asegurando su separación de otro tipo de internos e internas.

Por último, en la proposición de ley proponen garantizar una indemnización, por parte de la Administración, para resarcir a los funcionarios penitenciarios en los supuestos de daños materiales o personales sufridos como consecuencia del desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado negligencia grave.

El PSOE recuerda que el propio Consejo de Estado señaló que “en materia de funcionarios públicos rige el principio de indemnidad, de modo que quien sufra un daño por causa de su actuación pública o con ocasión de ella, sin mediar dolo y negligencia por su parte, debe ser resarcido”.