La iniciativa fue presentada en rueda de prensa por el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch y l portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Joaquín Almunia, quien explicó que en la anterior legislatura el Gobierno socialista presentó un proyecto similar al registrado hoy, que no pudo ver la luz como consecuencia de la disolución de las cámaras.

Almunia recordó que hubo una ponencia parlamentaria que emitió un informe favorable al proyecto y que los grupos parlamentarios alcanzaron entonces un alto grado de consenso, por lo que, a su juicio, ahora no debe habar obstáculos para admitir la tramitación d la propuesta.

Sin embargo, expresó su temor de que la tardanza del Ejecutivo del PP en enviar a la Cámara un proyecto de ley sobre la jurisdicción contencioso-administrativa responda a un intento de introducir modificaciones de fondo que alteren ese consenso logrado en la pasada legislatura.

Por su parte, Belloch se encargó de desgranar el contenido de la iniciativa socialista -que pretende sustituir a la ley vigente de 1956- y que resumió en 4 grandes objetivos: incrementar el control de la admnistración pública, aumentar los recursos existentes, buscar unos procesos más ágiles y garantizar el cumplimiento de las sentencias.

Entre las principales novedades destacan la posibilidad de presentar recursos contra la inactividad o ineficacia de la administración de justicia y el establecimiento de sanciones de hasta 250.000 pesetas para aquellos funcionarios que se muestren indolentes con sus responsabilidades.

La proposición de ley socialista prevé también la creacción de 112 nuevos juzgado unipersonales de lo contencioso-administrativo para conseguir una mayor agilidad en la resolución de los recursos.ACTOS POLITICOS

Por otra parte, el proyecto afecta a los denominados actos políticos, para lo cual la norma opta por incorporar la doctrina establecida ya en este sentido por el Tribunal Constitucional, para limitarse estrictamente a este ámbito.

En concreto, el artículo 3 de la ley señala que no corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa "el control de los actos dl Gobierno y de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas que se refieran a sus relaciones con otros órganos constitucionales y estatuarios, y los dictados en el ejercicio de la función de dirección de la política interior y exterior, sin perjuicio de la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, el control de los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes".

A la pregunta de si la decisión del Gobierno de no descalisifcar los "papeles el Cesid" puede ser o no revisable con la ley de jurisdicción contencioso-administativa que proponen los socialistas, Belloch respondió que el precepto incluido en la proposición "no influye en modo alguno" en la resolución que debe adoptar el Tribunal Supremo.