La portavoz socialista de justicia, Maria Teresa Fernández de la Vega, achacó a Alvarez Cascos la responsabilidad de la política informativa del Gobierno, cuya filosofía resumió con la frase "el que no está conmigo está contra mí y al que está contra mí hay que tratar de eliminarlo".

"El responsable de coordinar esa política es el vicepresidente primero del Gobierno", dijo en rueda de prensa Fernánde de la Vega, "que es el que da las instrucciones concretas, y ahí están los casos de Antena 3, Tele 5 y Sogecable".

Agregó que quieren que el vicepresidente primero comparezca ante la Comisión de Justicia e Interior para pedirle sus responsabilidades, "tanto desde la óptica de las actuaciones del Gobierno en relación con los medios, tratando de limitar un derecho tan fundamental como la libertad de expresión, como desde la óptica de la instrumentalización de la Justicia, de la instrumentalización del iscal general del Estado".

Para la dirigente parlamentaria socialista, "esa instrumentalización de la justicia, y en este caso de la Fiscalía, está contribuyendo a una mayor deslegitimación de esa institución tan importante en cualquier Estado democrático".

Esta petición de comparecencia de Cascos es consecuencia de la intervención de ayer martes del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, tras la que Fernández de la Vega señaló que "se ha producido una situación paradójica en la que, según undictamen de la Cámara, el fiscal general del Estado no responde políticamente; según el Gobierno de la nación, el fiscal hace lo que quiere y, por tanto, no responde ante el Gobierno, por lo que tenemos una institución que está descontrolada y no responde democráticamente ante nadie".

Sin embargo, Fernández de la Vega aseguró "que es falso que el fiscal general del Estado es y actúa independientemente. Yo creo que está más claro que nunca que es un instrumento directo de este Gobierno y, sobre todo desu presidente y de su vicepresidente político", afirmó.

Fernández de la Vega concluyó que, como repercusión de lo que está pasando, en las últimas encuestas de opinión la justicia "recibe un suspenso absoluto por parte de los ciudadanos", y atribuyó la responsabilidad de ese descrédito al Gobierno.