En una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, Duran subrayó que con su voto en contra de la tramitación urgente del proyecto de Ley de Televisión Digital Terrestre no rompe el acuerdo adoptado al comienzo de la legislatura por el que el PSOE cedía dos de sus puestos en la Mesa a CiU y a IU-ICV.

La aplicación estricta del Reglamento dejaba el órgano de gobierno de la Cámara sólo en manos de PSOE y PP, pero siempre se han cedido puestos a los minoritarios. Como los populares no quisieron hacerlo, fueron los socialistas los que renunciaron a dos, a cambio de que CiU e IU-ICV no le dejaran en minoría con la pertinente búsqueda de acuerdos.

En este caso, subrayó Duran, no ha habido tal búsqueda de acuerdo, por lo que no considera que se haya roto el pacto que el propio portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, recordó a la federación catalana tras dejarle en minoría, ya que con el PSOE tiene tres votos en ese órgano y PP y CiU suman cinco.

"No mantendremos una posición numantina", dijo Duran, y si el PSOE quiere replantear la composición de las mesas tanto del Congreso como del Senado, que formaba parte de ese acuerdo inicial, y pide la dimisión de Vilajoana, éste aceptará, en defensa de la "capacidad de decidir" de CiU.

Insistió en que si el PSOE quiere "retocar" la composición de las mesas, con lo que estaría en juego la Presidencia socialista del Senado, en manos de Javier Rojo pese a la mayoría popular, "no vamos a hacer de ello una cuestión fundamental, porque nuestra autonomía política no puede quedar supeditada a que tengamos o no un vicepresidente en la Mesa".

En cuanto a su decisión de votar en contra de la urgencia de la tramitación parlamentaria cuando en principio CiU estuvo de acuerdo, argumentó que entonces se aseguraba que había acuerdo con el sector, y hoy queda claro que las televisiones no están conformes con el proyecto del Gobierno.

Recalcó que coincide en que la digitalización es positiva porque supone modernidad, y que debe acometerse "cuanto antes", pero lo que debió hacer el Gobierno es presentarla "el 25 de junio" en lugar del 30 de diciembre, como ha hecho con otras medidas que consideraba prioritarias, como el matrimonio homosexual, y no acelerar el debate parlamentario.